España está haciendo algo valiente

Por Omar G. Encarnación

Encarnación es experto en política española y autor de Democracy Without Justice in Spain.

La nueva proposición de ley de amnistía española, en camino de convertirse en ley tras su aprobación en el Congreso en diciembre, ha provocado bastante revuelo. Decenas de miles de personas ha salido a la calle para protestar por la ley —que otorga un indulto general a cientos de políticos, funcionarios y ciudadanos de a pie implicados en el referéndum ilegal sobre la independencia de Cataluña en octubre de 2017— y una mayoría de los españoles está en contra de ella. Muchos analistas y políticos, principalmente de la derecha, han sostenido que la amnistía debilita el Estado de derecho en España e incluso pone en peligro la democracia del país.

Gran parte de la indignación se debe a cómo se produjo el acuerdo sobre la amnistía. El presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez, prometió en su campaña electoral que no habría una amnistía general, a pesar de que había indultado a nueve separatistas catalanes en 2021. Sin embargo, al no obtener unos resultados electorales rotundos y necesitar el apoyo de los partidos separatistas de Cataluña para asegurarse la mayoría en el Congreso, Sánchez cambió de rumbo y presentó el proyecto de ley. Que esta ley también aplique para el enemigo público número 1 de España, Carles Puigdemont —el exdirigente catalán que autorizó el referéndum y que está prófugo de la justicia española desde 2017— no ha hecho sino intensificar los ánimos negativos.

Pero, a pesar del tufo a oportunismo político que rodea el acuerdo de amnistía de Sánchez, se trata de un intento audaz —incluso valiente— de poner fin a la crisis catalana y ofrecer una salida del impasse perjudicial en que se encuentra España. También atestigua el papel positivo que las amnistías pueden desempeñar en las democracias. En nuestra época actual, definida por la impunidad y el retroceso democrático, la amnistía podría parecer un paso atrás. Pero siempre debería ser una opción con la que puedan contar los dirigentes políticos a la hora de afrontar momentos de crisis. Nada se le acerca ni remotamente para favorecer la paz y la reconciliación.

Las amnistías políticas tienen una larga y noble historia que se remonta al menos al asesinato de Julio César en el 44 a. C., que llevó al filósofo Cicerón a proclamar en el Senado romano que la memoria del asesinato se consignara al olvido eterno. En épocas más recientes, los países han recurrido a la amnistía para buscar una salida a los atascos políticos y una manera, por imperfecta que sea, de avanzar. La Ley de Indemnidad y Olvido de 1660 acompañó el final de la Revolución inglesa, como parte del periodo de la Restauración. En Estados Unidos, la Ley de Amnistía de 1872, que eliminó la mayoría de las sanciones impuestas a los antiguos confederados —incluida la prohibición de la elección o nombramiento de cualquier persona que participara en la insurrección, rebelión y traición—, le dio forma a la Reconstrucción.

La amnistía tuvo un papel destacado en la caída del telón del régimen del apartheid sudafricano. La Comisión para la Verdad y la Reconciliación, creada en 1995, trocó, de manera conocida, la verdad por la justicia al conceder la amnistía a quienes estuviesen dispuestos a testificar. Para el presidente de la comisión, el arzobispo Desmond Tutu, la amnistía era un componente esencial del proceso de reconciliación, ya que albergaba la promesa de proteger la verdad y sanar las divisiones sociales provocadas por el apartheid. La amnistía, traducida en la excarcelación de los presos, también fue parte del Acuerdo de Viernes Santo de 1998, que puso fin a tres décadas de violencia en Irlanda del Norte, los llamados "Troubles" (problemas).

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