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España está en el punto de mira de la justicia de Estados Unidos por los impagos de los laudos del CIADI que condenan a nuestro país por la retirada retroactiva de las primas renovables. La suerte del Reino está en manos de cuatro magistradas que han evaluado las denuncias interpuestas por compañías como NextEra, a la que nuestro país debe más de 300 millones. Si las juezas fallan contra España, se autorizará el embargo de bienes del Reino radicados en suelo norteamericano, resultando en la probable confiscación de inmuebles, activos financieros y otras posesiones en manos del Estado. La primera de estas magistradas es Tanya S. Chutkan, nombrada para la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia en 2014. Ha tenido una carrera notable tanto en el sector público como en el privado, puesto que antes de su nombramiento trabajó en el bufete de abogados Boies, Schiller & Flexner LLP. Fuentes jurídicas consultadas por Libre Mercado señalan que Chutkan "es conocida por su firme defensa de los derechos civiles y su compromiso con la justicia social", de modo que a menudo se describe a Chutkan como una jueza "progresista". Graduada de la Universidad de Pensilvania y de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Berkeley, el pasado octubre decidió que agruparía las denuncias interpuestas contra España para priorizar el desbloqueo del primero de los casos, que afecta a NextEra, y así sentar una base de jurisprudencia que podrá ser rápidamente aplicada al resto de expedientes abiertos. A raíz de esta decisión de Chutkan, el caso NextEra ha pasado a ser revisado por un panel de tres magistradas. La primera de ellas es la jueza Cornelia T.L. Pillard. Fue nombrada para la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia en 2013 y los expertos consultados por este diario subrayan "su experiencia en derechos constitucionales y su compromiso con la igualdad de género", de modo que también hablamos de una jueza escorada a la izquierda. Antes de su nombramiento, Pillard trabajó como profesora en la Facultad de Derecho de Georgetown y sirvió en el Departamento de Justicia de Estados Unidos, donde llevó numerosos casos tramitados en la Corte Suprema. Tras completar su educación en las Universidades de Yale y de Harvard, ha sido una voz influyente en el campo de los derechos civiles y ha trabajado incansablemente "para promover la equidad y la justicia en su carrera judicial", según ella misma declaró. Pillard ha sido muy dura con España en la primera vista oral del caso NextEra. En segundo lugar nos topamos con la jueza Florence Y. Pan. En su caso, fue nombrada para la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia en 2021, tras una destacada carrera en la judicatura federal y en el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Con anterioridad, Pan sirvió como jueza en la Corte Superior del Distrito de Columbia, donde se distinguió por su manejo de casos complejos y su enfoque en la aplicación de la justicia con criterios de proporcionalidad y equidad. Tras formarse en Stanford y Harvard, ha desarrollado un destacado periplo como magistrada y se ha ganado la fama de ser una jueza imparcial y recta. En la citada vista oral del caso NextEra, describió como "ficticio" el argumento estrella de la Abogacía del Estado española, que señala que nuestro país no está sujeto al cumplimiento de los laudos. Por último, y en tercer lugar, el panel incluye a la jueza Judith W. Rogers, que ha servido en la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia desde 1994, habiendo sido nominada por el presidente Bill Clinton. Antes de su incorporación, Rogers desarrolló una distinguida carrera en el gobierno federal. Formada en las Universidades de Radcliffe y Harvard, las fuentes consultadas por Libre Mercado señalan que es conocida "por su aguda comprensión de la ley administrativa y su compromiso con la justicia". A lo largo de su carrera, "ha sido una defensora incansable de los derechos civiles y ha jugado un papel crucial en la interpretación de la legislación federal en el Distrito de Columbia".